- Ante posibles hechos violatorios del derecho de los niños a contar con maestros idóneos (3ero constitucional), así como para defender el derecho que los ciudadanos tenemos de acceder a la información y a ejercer efectivamente nuestro derecho de petición pacífica (6o y 8o constitucionales), nos amparamos.
Miércoles 15 de abril de 2015. Aprender Primero, el brazo jurídico de Mexicanos Primero, presentó ayer una demanda de amparo en contra de funcionarios de la SEGOB, el Gobernador Gabino Cué, funcionarios de la SEP y del IEEPO (Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca) por avalar acuerdos contrarios a las leyes educativas vigentes, especialmente en contra del servicio profesional docente y la evaluación educativa.
Con este procedimiento, se pide formalmente al Poder Judicial de la Federación que intervenga en salvaguarda del derecho a la educación de las niñas, niños y jóvenes de Oaxaca, y para que establezca el mandato de responder adecuadamente a la petición presentada respecto a los integrantes de la Sección XXII que participaron en las negociaciones y en las marchas de febrero pasado.
Como hicimos del conocimiento público, el 19 de febrero de este año solicitamos información puntual para conocer los fundamentos de derecho, motivos, términos, condiciones y costos al erario público de las negociaciones con la CNTE (nombre del personal en funciones docentes que participaron en las manifestaciones del 9 al 11 de febrero; nombre de quienes participaron en la mesa de negociación con la Secretaría de Gobernación, copia de las minutas, acuerdos firmados, entre otros).
Al día siguiente, con el respaldo de diez líderes de opinión, enviamos una carta dirigida a Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, en el que solicitamos dejar sin efectos cualquier acuerdo celebrado entre esa dependencia, la SEP, el gobierno de Oaxaca y la Sección XXII, al considerar que dichos pactos son ilegales.
Un mes después, la SEGOB dio respuesta a través de un oficio firmado por el subsecretario de Gobernación Luis Enrique Miranda. Dicho documento afirma que la SEGOB no tiene conocimiento ni registro alguno de las personas que participaron en las negociaciones y en las marchas de la Sección XXII en la Ciudad de México, de febrero pasado; también expresa que no hay costo alguno para el erario público ni para los mexicanos derivado de dichas negociaciones, y afirma que no hay incumplimiento o violación de la ley vigente.
En el amparo interpuesto sostenemos que es absurdo que la autoridad no sepa con quién se reúne, y que es obligatorio que en sus respuestas a los ciudadanos deba fundar y motivar, refiriendo hechos reales y verídicos.
También señalamos al juez que en la minuta de la reunión sostenida el 10 de febrero pasado, firmada por el Subsecretario Miranda, el Gobernador de Oaxaca, el Director del IEEPO y el Director General de Presupuesto y Recursos Financieros de la SEP con integrantes de la CNTE indebidamente se avalan y hacen vigentes acuerdos previos que son ilegales. Dichos acuerdosincluyenque los docentes puedan ser promovidos en sus puestos “por buen desempeño” según los criterios de la Sección XXII y no por evaluaciones definidas por el INEE; que el diseño de la evaluación sea realizada por los maestros y no por el INEE; permitir que no se despida a maestros que no se evalúen o que obtengan resultados insatisfactorios después de tres evaluaciones y cursos de capacitación, o bien, la determinación de que ningún profesor en Oaxaca pueda ser removido ni cambiado de lugar o funciones a consecuencia de las evaluaciones o de los perfiles requeridos en las escuelas. Todo ello, ratificado en 2015, implica un incumplimiento de las leyes en vigor.
Son múltiples las declaraciones y testimonios en los cuales los voceros de la Sección 22 afirman que la SEGOB aceptó sus términos y que, gracias a ello, son sujetos de excepción de la aplicación de la reforma educativa. Algunos funcionarios locales y federales o bien pretenden engañar a los miembros de la CNTE, con promesas que no se podrán cumplir, o bien pretenden engañar a los ciudadanos, ocultando o justificando incumplimientos de la ley.
Ciudadanos, alumnos, padres de familia y maestros no podemos estar en situación de indefensión y conformarnos con respuestas que ofenden la inteligencia, desestiman la evidencia y pretenden esquivar la responsabilidad. Por eso, hacemos uso de los instrumentos legales y pacíficos de inconformidad que contempla el Orden Jurídico Nacional, con la finalidad que la SEGOB nos brinde, como es su obligación, información completa y veraz, y todas las autoridades involucradas honren su mandato de cumplir y hacer cumplir la ley. Confiamos en la imparcialidad e independencia del Poder Judicial, y exhortamos de nuevo a las autoridades a meditar en su responsabilidad de transparencia y eficacia en la defensa e implementación de la reforma educativa y del Estado de Derecho.
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