18/12/13
Lázaro Báez no quiere que se publiquen más notas sobre los millonarios “alquileres” que le pagó a los Kirchner por sus hoteles. El empresario K, dueño de Austral Construcciones, pidió ayer a la Justicia de Río Gallegos una medida cautelar de carácter urgente para que se aplique censura previa a cualquier tipo de información que lo involucre, luego de tres notas que publicó La Naciónsobre su controvertido acuerdo con el matrimonio presidencial.
El polémico pedido de Báez debe decidirlo en los próximos días la conjueza federal Andrea Askenazi Vera, quien fue nombrada por la mayoría K del Senado.
ADEPA, FOPEA y todo el arco opositor salieron a criticar la solicitud de Báez por considerar contrario a la libertad de expresión y la prohibición de censura previa que consagra la Constitución Nacional y convenciones internacionales de la ONU y la OEA. Hasta ahora existe un antecedente negativo tomado contra Clarín por este mismo caso.
Juan Pablo Gregori, abogado de Valle Mitre SA, la gerenciadora que controla Báez y a través de la cual se efectuaron los pagos a los hoteles, solicitó ser querellante en la causa y, además, “que se disponga una medida cautelar tendiente a resguardar la confidencialidad de la información contable, societaria y comercial de mi mandante, la que, sin Derecho alguno, se encuentra en poder de terceras personas que lucran con su difusión”, según su presentación judicial a la que tuvo acceso Clarín.
“Se solicitó a la IGJ y a la AFIP que informen si hubo pedido de información pública, porque de lo contrario esa información habría sido obtenida de manera ilegal ”, explicaron a Clarín desde el entorno del empresario. Además, señalaron que Báez mantiene latente la amenaza de “iniciar a acciones legales” contra el periodista Hugo Alconada Mon, autor de las notas.
El equipo de Báez explicó que con la cautelar busca impedir que La Nación y otros medios continúen con las publicaciones “hasta que los entes públicos notifiquen si ellos tuvieron pedido de esa información”. Lo que desvela a Báez es saber cómo se filtró esa información interna de su empresa.
El polémico pedido de censura de Báez llegó tras el anuncio de La Nación de que tenía, por lo menos, ocho informes más sobre pagos de Báez a los K.
En base a facturas de la empresa Valle Mitre el diario informó cómo Báez alquiló a los Kirchner una cantidad prefijada de 935 habitaciones por mes en el hotel Alto Calafate.
En la presentación que Báez hizo ayer, señaló que en las notas de La Nación “se hace referencia a registros contables a los que sólo puede haberse tenido acceso en el contexto de una verificación impositiva o que obran en poder del organismo recaudador en función de los deberes de información que pesan sobre los contribuyentes”.
“Tampoco se puede descartar, a esta altura, que la información, o al menos parte de ella, haya sido obtenida como consecuencia de conductas, también indebidas, de funcionarios de la UIF, pues el propio Alconada Mon se encarga de afirmar que su ‘grupo de expertos’ también se integra con ‘dos ex altos funcionarios de la UIF’”, expresó en su presentación judicial.
“La información divulgada no es, ciertamente, de aquella que deba ser publicada, informada o certificada de algún modo ante los registros que controlan el normal funcionamiento de las sociedades comerciales”, sentenció, al tiempo que advirtió que “podríamos estar en presencia de la comisión del delito previsto en el art. 157 del Código Penal, en función del art. 101 de la Ley 11.683 (violación del secreto fiscal por parte de un funcionario), y/o del delito previsto en el art. 14 de la Ley 25.246”, que refiere al incumplimiento de deberes de funcionario público de los empleados de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Con su cautelar, Báez señaló que existe el “descrédito con que se afecta no sólo a la empresa sino a quienes la gobiernan es evidente” ya que “en tanto con las notas periodísticas mencionadas se pretende insinuar, sobre la base de la utilización de la información ilegalmente obtenida, que ha existido una suerte de negociación espuria entre mi mandante y la familia presidencial”.
La embestida de Báez contra los medios que lo investigan se conoce días después de que la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, lograra suspender al fiscal José Campagnoli que había descubierto una red de Báez para sacar plata del país.
Fuente: Diario Clarin (Argentina)
